Por Silvia Castillo
- Cambiar la cultura del “vivazo”, del que se brinca las reglas, del que se salta las filas, requerirá de varios años.
- Grupo conformado por organizaciones públicas, privadas, académicas y sociedad civil, inicia implementación de Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción.
¿Cómo lograr que Costa Rica pase de una cultura del “vivazo” a una cultura de legalidad? ¿Qué se puede hacer para qué la mayoría de costarricenses dejen de brincarse las reglas, saltarse la fila o pasar con el semáforo en rojo?
El Grupo conformado por organizaciones públicas, privadas, académicas y sociedad civil, que redactó la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030 tiene claro que es imposible modificar una cultura como esa en cuatro años, pero posiblemente sí se pueden lograr cambios en una década e ir inculcando una cultura de legalidad.
Por ejemplo, el país logró modificar la cultura de botar los residuos valorizables con la basura tradicional, a una cultura del reciclaje. Se ha realizado un esfuerzo colectivo con organizaciones públicas y privadas durante más de una década, y aún falta trabajo por hacer, pero los resultados están a la vista.
Los expertos que impulsan esta Estrategia confían en que el trabajo conjunto y persistente también tendrá sus frutos.
Los actos de corrupción inician con comportamientos simples y en muchos casos desde una temprana edad. Por eso, una de las claves es el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y las campañas de divulgación que lleven a la población a integrar esos valores. Sin embargo, el documento tiene más de 40 actividades específicas. Habrá que iniciar con las que tengan el mayor impacto.
La Estrategia fue presentada oficialmente a las presidencias de los Supremos Poderes en agosto del 2021, pero su implementación se vio retrasada por el periodo electoral y la pandemia del COVID-19.
Evelyn Villareal Fernández, presidenta de Costa Rica Íntegra y coordinadora de Investigación del Informe Estado de la Justicia, fue una de las primeras personas que inició con este grupo de trabajo que actualmente reúne a 18 organizaciones.
PolítiKAS en línea entrevistó a Villareal y estas son parte de sus respuestas.
–¿Cómo surge la idea de crear esta Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030?
Los orígenes de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción son muy interesantes porque no fueron de la institucionalidad, sino más bien como una demanda de la ciudadanía. Esto inició en el 2019. Costa Rica Íntegra, que es el capítulo de Transparencia Internacional de Costa Rica, hizo un evento para presentar el Índice de la percepción de la corrupción e invitó a un representante de cada poder del Estado y en ese evento fue muy marcada la necesidad de que el país contara con una política en esta materia, porque no había nada, no existía ninguna intervención pública, no existía en materia de corrupción o de integridad o de probidad. Ese evento sirvió como catalizador para seguir reuniéndonos. Primero fue un grupo pequeño, representantes de Costa Rica Íntegra, la Procuraduría de la Ética Pública y el Grupo de Garantes Éticos (constituido por el expresidente de la República, Carlos Alvarado en el 2018).
No teníamos muy claro en ese momento si lo que se requería era una política pública o una estrategia, incluso pensamos si podría ser un decreto, un reglamento. Estuvimos dándole forma a qué podía ser lo más adecuado como una primera intervención. Lo otro que pasó ahí fue que dijimos: este grupo tiene que ampliarse, nosotros no tenemos ni la capacidad ni el conocimiento, esto tiene que ser con más participación de órganos de control, por ejemplo, aquí tiene que estar la Contraloría de la República y el Poder Judicial. La Procuraduría de la Ética empezó a asumir un liderazgo del grupo junto con una coordinación de Costa Rica Integra más técnica, y empezamos a conformar el grupo de trabajo de la Estrategia que incluye ahora a cerca de 18 o 19 entidades. A partir de ese grupo fue que se empezó a crear.
Luego empató de manera perfecta con los requerimientos que tenía el país para ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), pero ese no fue exactamente el origen, sino que fue una muy feliz coincidencia que después empató con ese proceso e incluso hace poquito la OCDE publicó el Estudio de Integridad para Costa Rica y como una de sus sugerencias está que la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción se convierta en política de estado.
-¿Cuáles son las áreas prioritarias que recibirán un abordaje interinstitucional durante la próxima década?
La Estrategia trata de enfocarse principalmente en el área preventiva porque es una de las partes más débiles que tenemos en Costa Rica. La lucha contra la corrupción tiene tres grandes partes: la prevención, la detección y la sanción. Nosotros en la detección tenemos una gran cantidad de órganos de control y un poder judicial que funciona, pero en la parte preventiva no tenemos casi ningún trabajo, o muy poco. Por eso la Estrategia quiso enfocarse en esto, y también lo que se hizo desde un principio fue hacer un diagnóstico en que participaron todas las entidades. Publicamos buenas prácticas internacionales -y de eso salieron cinco prioridades. Fue un proceso muy largo, de análisis y de discusión en el grupo para que finalmente la Estrategia tuviera cinco prioridades. Hay mucho que hacer, pero tenemos un escenario de recursos limitados y hay que priorizar, qué cosas realmente podrían significar cambios importantes en estos temas.
Se priorizaron cinco ejes. Primero “Gobernanza en la lucha contra la corrupción”, incluyendo en este eje reformas legales e institucionales que hay que hacer. Luego “Gestión del talento humano” para luchar contra la corrupción en donde se incluyen temas como nombramientos que son áreas muy vulnerables para la corrupción, nombramientos por idoneidad, capacitación de los funcionarios públicos, de las personas que interactúan con funcionarios, etc. En este eje también está la promoción de la ética, a través del Sistema Nacional de Ética y Valores con el que ya cuenta Costa Rica, pero fortalecerlo muchísimo más. El tercer eje tiene que ver con “Promoción de la participación y el control ciudadano”, fiscalización desde las personas hacia las instituciones públicas. Aquí están temas de rendición de cuentas, de transparencia, cómo hacer para que la ciudadanía tome un rol más activo porque son la primera línea de combate contra la corrupción, son las personas las que la sufren y la que la atestiguan en primer lugar. El cuarto eje está relacionado con la interacción entre el sector público y el sector privado, la “Gestión de los riesgos de corrupción en la interacción público-privada”. Son temas como compras públicas, simplificación de trámites, programas de cumplimiento, de compliance que tienen que tener las empresas y las empresas públicas pueden tener también. El sector privado para nosotros siempre ha sido un actor clave en la Estrategia. Sin ellos es muy difícil apalancar cambios, entonces este eje está muy orientado a las relaciones con el sector privado. Finalmente, el quinto eje, “Acceso a la información de interés público y rendición de cuentas”. Este tema lo dejamos solo, aunque a veces se diluye en otros temas, por la importancia que tiene, porque es un derecho habilitador para todas las demás cosas. Si usted no tiene acceso a la información, a mecanismos de control, a cualquiera de estas cosas que estamos hablando, se dificulta muchísimo. Ahí una de las prioridades es, por ejemplo, aprobar una ley de acceso a la información que Costa Rica no tiene, pero también apertura de datos, datos abiertos en instituciones que sirvan para luchar contra la corrupción, no cualquier tipo de datos, sino ciertos tipos de datos que son más importantes.
-¿Cómo se va a reflejar la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción en hechos concretos?
La Estrategia incluye un mecanismo de rendición de cuentas y de evaluación porque quisimos que tuviera indicadores de desempeño para saber si está funcionando o no está funcionando, pero tengo que decirle con toda honestidad que apenas a hoy está empezando a implementarse porque los dos años anteriores lo que hicimos fue elaborarla con un proceso co creado y también apareció la pandemia (de COVID-19) en medio de la elaboración y eso retrasó un poco el documento.
Luego la entregamos a finales del año pasado a las autoridades de gobierno, pero coincidimos con el periodo electoral, entonces eso prácticamente quedó en un limbo esperando primero que pasaran las elecciones y luego que las nuevas autoridades de gobierno se asentaran y volverles a hacer la inducción de este proceso. Todo eso apenas está sucediendo. El Ministerio de Justicia es por decreto el rector de la Estrategia Nacional de Integridad y apenas ayer jueves (29 de setiembre) nos reunimos con ellos y ya se aprobó una metodología para la implementación.
Sí contemplamos que tiene que dar resultados y tiene que mostrarlos, hay un mecanismo de evaluación, pero todavía no se ha usado porque apenas estamos tratando de implementarla. Lo que se decidió ayer es escoger algunas actividades, porque la Estrategia es bastante grande, tiene más de 40 actividades específicas. Decidimos que íbamos a escoger algunas con un gran impacto, ojalá que tengan bastante impacto en la agenda y con esas vamos a empezar a trabajar. La Estrategia es de diez años porque estos procesos son lentos, no es como que uno vaya a cambiar la cultura de un país en una administración de gobierno entonces ahí estamos empezando, echándola a andar.
-¿Se va a trabajar en una alianza con el MEP para la formación de la población desde temprana edad? ¿Se van a realizar campañas de divulgación?
De las tareas o actividades más importantes, que a mí me gustan más, es una que se llama Educación para la integridad. Este es todo un eje de acción en donde se prevé que se le vaya fomentando a los niños desde preescolar, desde que ingresan al sistema educativo formal y hasta la universidad o hasta incluso capacitaciones continuas que se le pueden ir dando a los profesionales por medio de colegios profesionales. Uno nunca termina de aprender, además los temas se actualizan, no es que usted llevó un curso de ética y ya con eso tiene para el resto de la vida, tiene que seguirse capacitando.
En este eje de Educación para la integridad por supuesto que uno de los actores principales ahí es el MEP porque el Ministerio de Educación Pública tendría que implementar los cambios curriculares que se necesiten para que desde el inicio de nuestra educación y además de una manera masificada, la gente empiece a integrar estos valores también de vigilancia ciudadana, de participación. No queremos centrarlo en lo negativo, de anticorrupción, sino más bien en lo positivo, tener una cultura de legalidad, cumplir con las reglas, por qué no hay que saltarse la fila, por qué no hay que saltarse el semáforo. Son los valores que a la postre construyen esta cultura de legalidad, que hacen que se prevengan hechos de corrupción. Este punto es importantísimo y el otro que usted señalaba que son campañas. Hay un eje también dirigido a campañas mediáticas de información para la ciudadanía que no está en el sistema educativo formal en este momento tendría que informarse y formarse por medio de otras plataformas.
Yo lo veo mucho esto, si me permite hacer una comparación, como con el tema de reciclaje. Si usted hace un paralelismo, Costa Rica tiene años de estar impulsando desde las escuelas, por medio de campañas, con el involucramiento del sector privado, pero también con leyes y sanciones, y penas por contaminar, entonces es como todo un esfuerzo colectivo para llegar a que una sociedad cambie el chip y empiece a reciclar, y recicle todo y apenas estamos ahí y eso que tenemos casi una década de estar invirtiendo en eso. Es algo muy parecido, es un cambio de chip, de una cultura del “vivazo”, de cómo me brinco requisitos, a una cultura de legalidad. Se necesita atacar por muchos frentes, uno es la educación, sin duda, otros son campañas, otros es el involucramiento de muchos actores incluyendo a los privados, y ese es el espíritu de la estrategia, tratar de ser una plataforma para que todos esos actores nos juntemos y busquemos los mismos objetivos.
¿Hay ejemplos de otros países donde han ido haciendo ese cambio en la sociedad además de contar con una política de estado?
Sí, nosotros usamos bastante buenas prácticas internacionales. Por ejemplo, toda esta forma de co-creación fue inspirada en otras prácticas internacionales que hicieron esto de manera participativa. En contextos muy distintos, por ejemplo, en México hubo un sistema nacional de integridad que incluyó muchas de estas cosas. Tal vez una de las cosas más cercanas que encontramos es una estrategia también de anticorrupción que está haciendo Chile, y que está siendo promovida por la Contraloría General de Chile y en este momento también la están implementando y que tiene muchos paralelismos con la nuestra. Sí creo que es la única forma, que usted tenga una estrategia clara, con objetivos, con mecanismos de evaluación, de saber si se está moviendo la aguja o no en el sistema. De lo contrario sería imposible, andaríamos como sin brújula.
-Hay quienes se quejan y dicen que el problema es que existen muchas leyes que traen consigo exceso de trámites, y terminan por entrabar y propiciar la corrupción.
Está comprobadísimo. Si hay una cosa que está comprobada es que, entre más trámites, más vulnerabilidad a la corrupción, eso es casi como dos más dos es cuatro. Por eso también hay otra actividad que es sobre simplificación de trámites y virtualización. Si muchos de estos permisos y cosas se hacen virtualmente se elimina un poco la posibilidad del soborno, de los amiguismos, del nepotismo. Hacerle la vida más fácil a la gente para acceder a los servicios públicos, que usted no tenga que ir a cinco ventanillas distintas para lograr un permiso, o una licencia. En realidad, el control no es el control per se, ese no es el objetivo. El control es un medio para que el servicio público sea mejor, pero no es que nosotros estemos fascinados con el control porque sí, sino en la medida que nos ayuda a mejorar el desempeño de las instituciones. Es un medio para estar retroalimentando, esto está mal, detectamos ciertas debilidades, hay que mejorarlas, pero si uno no hace nada, si el control no sirve para retroalimentar, tomar decisiones y mejorar, ahí es cuando se convierte en obstáculo.
La sola conformación de este grupo de trabajo interinstitucional, que incluye el sector privado, que incluye sociedad civil, que incluye academia, a todos los órganos de control, que han trabajado dos años, cuyos miembros están bastante comprometidos con la iniciativa, es un logro en este país. Por ejemplo, ahí nos dimos cuenta que todos hacen cursos de ética, ¿por qué duplicar? Podría hacerse más bien un muy buen curso y que todas las instituciones lo den. Ese tipo de cosas, economías de escala, que hay que empezar a hacer, aliarse, en este tema. Además, no hay recursos, no es un área donde se diga aquí van los presupuestos de las instituciones, hay que trabajar mucho de manera colaborativa, y yo creo que solo la existencia de este grupo que además sigue reuniéndose y sigue trabajando, es uno de los logros paralelos del documento que se llama Estrategia. Son las personas que tienen el mayor contacto con estos temas y la especialización, y están trabajando juntas.
Este texto fue publicado originalmente en el sitio web PolítiKAS, de la Fundación Konrad Adenauer.
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