La integridad es clave para aumentar la productividad, reducir las desigualdades y fortalecer la
capacidad del sector público, y, por consiguiente, respalda e impulsa el desarrollo económico y social de
América Latina. La corrupción, por el contrario, socava el crecimiento inclusivo y pone en peligro el
contrato social. Al menos desde el establecimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción
en 1996, los gobiernos de la región han tomado medidas para combatir este escollo.